El abogado Calabria aseguró que es ilegal el revalúo de inmuebles en San Luis

“El Poder Ejecutivo delegó en la Dirección de Catastro la forma de avaluación. La Ley Nº 957 en el artículo 15 le impone una metodología”, puntualizó el abogado Juan Carlos Calabria y explicó: “Este año se dio la particularidad de que se generó en toda la provincia una nueva zona tributaria en materia de inmuebles y se generó un aumento de hasta el 5500% en aquellos que están dentro de barrios cerrados”.

“Una persona que pagaba 4 mil pesos pasó a pagar 70 mil pesos. Esta forma de avaluación carece de una base técnica que la ley le exige al funcionario que va a determinar esta metodología, por eso se convierte en ilegal y en una inequidad tributaria”, señaló el letrado en declaraciones a El Chorrillero por CNN Radio San Luis.

Calabria lo graficó con otro ejemplo: “Un contribuyente de un barrio cerrado que tiene una casa de 300 mil dólares paga un cinco mil por ciento más que aquel que tiene una vivienda del mismo valor en la peatonal”.

El abogado expuso que el problema radica porque lo que se tiene en cuenta es "la forma de vida de las personas y no la capacidad contributiva de cada uno", y añadió: "Al no haber una proporcionalidad se está dando una inequidad y la ley le prohíbe al funcionario que establece la metodología”.

“Hay algo peor que es la irregularidad donde ya se encuentra en juego la posición penal en la que pueden haber caído los funcionarios actuantes en este proceso que califico como un raíd de irregularidades y confiscatorio de la Provincia. No podemos dejar de tener en cuenta que esta resolución de Catastro que da origen a que Rentas imponga el impuesto Inmobiliario en base a ese razonamiento técnico, se hizo en febrero y en materia tributaria el hecho imponible es al 1° de enero. Es decir, se aplicó retroactivamente una avaluación fiscal. Aquella persona que tiene bienes al 1° de enero nunca pudo imaginarse que 60 días después le iban a imponer un impuesto de 5 mil % más”, explicó.

También se refirió a la valuación de la propiedad del gobernador Alberto Rodríguez Saá en El Durazno en $1.224.144,74 por la cual tributa $13 mil al año.

“La Ley N° 957 le dice al organismo que tienen que estar basada en el tecnicismo no en la discreción del funcionario que nos da incertidumbre. Nunca puede haber equidad fiscal si se deja a discreción porque responde a una línea política, y favorece a los amigos del poder y perjudicará a todos aquellos ciudadanos que no compartan el pensamiento oficialismo”, manifestó.

“Esa norma que le da al funcionario la obligación de hacer una metodología valuatoria, le dice también que la misma debe ser en todos los casos con una base técnica”, consideró.

El estudio de Calabria interpuso recursos de revisión por las decisiones de la directora de Castrato y de apelación ante el ministerio de Hacienda.

Con las presentaciones se atacó “la violación de derechos subjetivos y sobre todo por la vulneración de los fundamentales derechos constitucionales que es la proporcionalidad en los impuestos, y porque las leyes rigen para el futuro”.

El letrado reveló que hay entre tres mil y cuatro mil recursos en trámite.

“Esperamos que se trate de un error técnico, de una negligencia de un funcionario y que el Gobierno tome consciencia y dé marcha atrás con esta barbaridad. Más aun con el tema de la pandemia donde no puede dejar de tener empatía con todas las personas”, reflexionó.